Los técnicos de Hacienda se preparan para una huelga histórica el próximo 26 de noviembre, un hecho sin precedentes en los últimos 17 años, para manifestar su descontento ante la escasez de medios y el estancamiento en sus carreras profesionales.
Esta movilización, impulsada por el sindicato Gestha, busca llamar la atención sobre el debilitamiento de la capacidad de la Agencia Tributaria para combatir el fraude fiscal y supervisar el gasto público. Los funcionarios denuncian una desproporción en la fiscalización, con un control laxo sobre los grandes evasores y una presión creciente sobre las pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores autónomos. Entre sus principales demandas se encuentran la implementación de una carrera profesional justa, que se alinee con el Estatuto Básico del Empleado Público, y una mayor movilidad geográfica y funcional, elementos clave para optimizar la distribución del personal y mejorar la eficacia en la detección del fraude. La falta de estos recursos, argumentan, conduce a una desmotivación generalizada y a la dificultad para cubrir puestos esenciales en regiones con alta economía sumergida, comprometiendo la especialización necesaria para enfrentar desafíos complejos.
Además, los técnicos reclaman un reconocimiento adecuado de sus responsabilidades, que incluyen funciones cruciales como embargos, inspecciones, liquidaciones y peritajes judiciales. Exigen una reclasificación a la categoría de Cuerpo Superior (A1) o la eliminación de la distinción A1-A2, junto con un aumento en sus complementos salariales, que actualmente se solapan con grupos de menor rango y están significativamente por debajo de los inspectores. La petición también abarca la restitución de competencias que les han sido retiradas y el cumplimiento de la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006, que instaba a desarrollar su carrera administrativa. Subrayan que son el pilar fundamental en la lucha contra el fraude, representando la mayoría del personal con capacidad para investigar y recaudar, así como para controlar el gasto público, y que su experiencia y dedicación son vitales para asegurar que los grandes defraudadores perciban un riesgo real de ser descubiertos, garantizando así la equidad del sistema y la confianza ciudadana.
El fortalecimiento de los organismos fiscales a través del apoyo y reconocimiento a sus técnicos es fundamental para construir una sociedad más justa, donde la lucha contra el fraude se realice de manera efectiva y se promueva la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
